¿Quién vigila al vigilante?

La Justicia sufre, por aquí, una tremenda dolencia; es probable que se trate de la peor de las dolencias que puedan afectar a un organismo como ese: falta de confianza por parte de quienes son sus protegidos. No es un axioma, ni un juicio precipitado, sino una evidencia.
En realidad, se trata del viejo problema de quién vigila al vigilante. En teoría (sólo en teoría), la vigilancia de la Justicia se ejerce por el pueblo (vamos a decir "la gente" para descargar el término de connotaciones ideológicas). En la propia médula del sistema de administración de justicia está esa afirmación de que "no hay más juicio que el juicio oral", así como en la propia intención de quien patrocinó que aquel fuera denominado como "vista". La vista es, precisamente, la exposición al público de cómo se administra la justicia, porque un juicio consta de más formalidades que la conocida como fase oral; hay también un procedimiento escrito y otro resolutivo cuya condición exige también la publicidad. Por eso los juicios han de tener público (la excepciones son eso, excepcionales) y las sentencias ser públicas.
Para cumplir con esas exigencias, que incluyen el aforismo de que no hay más juicio que el oral, los últimos decididores, los que tienen la última palabra y han de aplicar la ley "en conciencia y conforme a la realidad social en la que aquella se aplica", son los jueces. Y es sobre sus decisiones sobre las que la gente puede conformar su conformidad (la redundancia vale) y dictaminar si satisfacen el sentido común de la justicia o no.
Pero, aunque pueda parecer una contradicción, esos jueces están blindados contra sus propios fallos (en el sentido de errores), porque son los mismos jueces quienes dictaminan, hoy, sobre uno que puede dictaminar mañana sobre ellos. La coraza corporativa es tan manifiesta que insultaría a cualquier inteligencia negarla. Que luego se use más o menos es la anécdota; lo relevante es que exista tal coraza y que pueda usarse.
Este uso perverso del blindaje corporativo ha vuelto a saltar a las páginas de los periódicos con la noticia de que el mismo juez, Javier San Clodio Pîñón, que desoyó irrazonablemente la advertencia de que Rodríguez Menéndez podría escapar, desoyó también la recomendación técnica y a todas luces razonable de permitir un tercer grado a una reclusa, alegando que "no estaba suficientemente enferma", hasta que ésta se murió.
Que el criterio del juez acerca de la fuga de un recluso se haya visto contradicho por la realidad no tiene por qué estar relacionado con la "categoría" social, política o económica, del beneficiario de su decisión; del mismo modo que el que su reiterada exhibición de "buen criterio" haya mandado a una mujer a la tumba sin el consuelo de los suyos (por malos que fueran), tiene que guardar relación alguna con el hecho de que la fallecida sólo fuera una "pringada". Pero a ver quién me dice a mí que esos "fallos" van a ser comprendidos por los justiciables, o sea, todos nosotros.
Estoy seguro, aunque sólo sea a efectos dialécticos, de que las decisiones del juez han sido tomadas "en conciencia". Lo que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, es que pueda haber alguien distribuyendo justicia con una conciencia tan aparentemente irregular. ¿Podría ser que eso tuviera alguna relación con lo de la "alarma social"?
Entonces, me asalta de nuevo la pregunta recurrente sobre lo de vigilar al vigilante: ¿De verdad no existe otra forma de nombrar jueces? ¿Tenemos que conformarnos para siempre con el caduco sistema de unas oposiciones? ¿De qué modo el Poder Judicial pretende cumplir con la exigencia de que los sujetos de la Administración de Justicia, la gente, puedan juzgar (vigilar) la idoneidad de un juez?
A lo mejor es que todo es retórica y lenguaje gremial, como si de un "falar de barallete" se tratase, cargado de referencias inexistentes en el lenguaje actual. Es como si los oficiantes de la Justicia precisasen autoprotección, del mismo modo que pretendían proteger los secretos de su oficio los afiladores de Nogueira de Ramuín con su gremial "falar de barallete". Porque, claro, el lenguaje tras el que se esconden algunas importantes decisiones judiciales es, incluso, críptico para los muy cultivados. Pero la justicia no es sólo para los cultos, ¿no?
Se mire desde donde se mire, y excusas aparte, los justiciables estamos que bebemos los vientos por poder tener una confianza en quienes cobran por administrar la justicia que, hoy por hoy, nos cuesta tener. Dicho todo ello desde el convencimiento de que peor sería que no hubiera ni ley ni jueces. Pero ¿a que sería formidable que cualquiera pudiese entender una sentencia o un auto judicial? Si serán difíciles de desentrañar algunos que hasta existe un recurso de aclaración, o explicación (o lo que sea en metalenguaje jurídico), para la correcta interpretación de una sentencia.
A lo mejor a alguien se le ocurre algo, lo pone en un programa electoral, nos convence, le votamos, lo cumple y comenzamos un nuevo camino, que el que transitamos es de cuando aún no habían hecho cabo a Viriato.