Manual de urgencia para corruptos

El Caballero tocayo del hermano de Caín nos ha venido a decir lo que ya todos sabíamos. Lo sabían desde el topo-hobbit hasta el mismísimo Zorro; lo sabía la vidente dipsómana, y era consciente de ello hasta el semiólogo externo. Nos lo habían advertido, pero como la superioridad me encargó que los despidiera a todos, por plastas, pues no hemos vuelto a verlos.
El Abel, revestido de la "prudencia" que da el estar donde está, se ha ofrecido a evitar que nos quedemos a dos velas por tener que pagarle a ING los "réditos" de la ilegalidad que le permitieron cometer los que hace no tanto tiempo gobernaban esta ciudad. Es decir, que va a recurrir la sentencia que ha declarado ilegal (y demolible) el Centro Comercial Gran Vía, construido gracias a las grandes dosis de cinismo y, presumiblemente, corrupción puestas en práctica por la "joint venture" PP-BNG-ING, con el manifiesto desagrado del PSOE, presumiblemente también, por haberse quedado fuera del chanchullo por culpa de aquellos dos desalmados "outsiders" llamados Ventura Pérez Mariño y Mauricio Ruiz.
Pero nuestro "Horse man" (alguno lo traduciría como "Gentleman", pero yo no) ha salido al rescate de la "desfeita" y, con un memorable acto de filibusterismo legal, nos evitará la quiebra de las arcas municipales recurriendo una sentencia que, al mismo tiempo, califica de correcta y difícilmente rebatible. Supongo que los asesores legales de los que dispone el Ayuntamiento (externos aparte) le habrán dicho algo así como: "esa sentencia no se la salta un gitano y no servirá para nada recurrir".
--Pues yo creo que sí.
--Que sí, ¿qué?
--Que, eso, que sí puede servir para algo.
--Como no sea para perder tiempo...
--Precisamente.
--Pues qué bien.
--Con una precisión: no se perderá el tiempo, sino que se empleará en que corran los plazos para que se apruebe el PXOM que lo legalizará, además de paralizar cualquier intento de algún desalmado que pueda exigir la ejecución de la sentencia.
--Jo, jefe, qué idea; por algo te han hecho alcalde.
--De nada.
Y, así, burla burlando, se deja negro sobre blanco algo que invita a una serie de reflexiones al margen de las precisiones y los resquicios con que la legalidad se hace permeable a los trapicheos.

El conocido mecanismo, que todos negarán de palabra y confirmarán de obra, consiste en que, previamente convencidos quienes tienen la capacidad para autorizar o negar, de que el asunto es productivo, se habilita un proyecto cargado de tantos millones que, o se traga, o nos arruinamos por querer apuntalar la legalidad. Y sorteando las críticas y las imputaciones de ilegalidad a base de "asesores externos", pagados con nuestro dinero para su beneficio y el de los que se lo encargan, se concede una licencia de construcción contra los dictámenes jurídicos, las sentencias judiciales y el mismísimo sentido común, que para cuando se logre restablecer la legalidad mediante jueces, serán otros los que carguen con el mochuelo.
Pero, como restablecer la legalidad supondría indemnizar a quienes, alegando buena fe (¿?), han invertido su dinero en construir un monstruo innecesario, y eso se nos pone en "un pico" que nos dejaría sin un duro, pues sorteamos la ley como podamos y, finalmente, los corruptos, los que se han puesto fuera de la ley y aquellos a quienes han beneficiado, se salen de rositas.
A mí, realmente, me importa un comino de qué forma se puede sortear la ley para evitar su cumplimiento. Lo que me interesa es que una ley, supuestamente elaborada para protegerme, sea atendida, no esquivada por cualquier enjambre parasitario.
Si aquí hemos dicho más de una vez que el BNG ha sido cómplice en el caso "Finca do Conde" cuando se abstuvo consciente de que su abstención era un "placet" para una operación urbanística que antes denunciaba, lo mismo diremos ahora de un alcalde que (a lo mejor resulta plausible su franqueza) viene a esforzarse para que nadie salga "fostiado" por culpa de los jueces y de la ley.
Y, digo yo, ¿qué hay de las responsabilidades personales de quienes autorizaron la ilegalidad que han constatado los jueces? Corina, Toba, Figueroa y el resto de la "trouppe" que se hartó de insultar a Mauricio y culpó de todos los males a V.P.M., ¿se estarán partiendo en culo de risa, con sus bien ganados presuntos provechos? ¿De quien se seguirá riendo ING, con el negocio ya hecho a costa de incautos comerciantes que se pudren en la soledad del Centro Comercial Gran Vía? ¿Va a seguir participando del ameno cachondeo Consultora Galega, después de cobrar un par de veces por un Plan cargado de irregularidades, pero, sobre todo, malo de solemnidad?
En fin, que si usted tiene madera de especulador, escrúpulos de corsario del Caribe y una punta de pasta para el "Untamiento", déjese de hacer el tonto y encárguele una "cuenta naranja" a la medida a alguno de esos "proveedores de oportunidades" que pueden encontrarse en cualquier "pret à porter". O recurra a esas "asesorías urbanísticas" (gabinetes de influencias, les llaman algunos), que pululan por doquier sobrevolando el espacio colindante con los núcleos de poder político. Y consiga que los administradores de la plebe se salten la ley a la torera, que el asunto no sólo les saldrá gratis judicialmente, sino que podrán seguir intentando más trapicheos con nuestro dinero.
Luego nos dirán que es por nuestro bien por lo que tratan de "legalizar" lo ilegal, porque en caso contrario nos costaría la quiebra. Es decir, que la exigencia de cumplimiento de la ley es algo tremendamente permeable al dinero. Se puede cometer cualquier ilícito, con tal de que su reparación les cueste a los perjudicados (nosotros) tanto dinero que sea mejor mirar para otro lado.
Fantástico: si no queremos cagarla, tendremos que perdonarle a los delincuentes sus actos delictivos, y pagarles los gastos.
Aquí sobra desfachatez, falta honestidad, sobra filibusterismo y ya no queda ni pizca de vergüenza, venga de donde venga.
Ellos lo saben. Ahora quiero que sepan, que nosotros también lo sabemos, y que sabemos que saben que lo sabemos. ¡Que lo sepan!