María justicia nos quiere gobernar

O sea, que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia anda diciendo que hay que derribar la tira de construcciones ilegales, consentidas, cuando no propiciadas, por decisiones municipales, y el Delegado del Gobierno, en uso de sus facultades, ha caído sobre la nómina municipal diciendo eso de que se han pasado en el incremento salarial para 480 funcionarios, etcétera, etcétera… De modo que ya no sólo los tribunales son, en realidad, el único Plan General válido, sino que el mismísimo Gobierno del Estado tiene que andar preocupándose de que no le descalabremos sus presupuestos con los nuestros.
Pues sepan ustedes que todas esas decisiones municipales deberían contar con los correspondientes informes técnicos favorables, los cuales, naturalmente, habrían sido preferidos a los desfavorables, como siempre. Claro que la cosa llevaba tres años, como las notas del violín del poema, "esperando la mano de seda que sepa arrancarla", por lo que suponemos que a alguien habrán encontrado para echar la firmiña, al amparo de la nueva e imaginativa contabilidad municipal, mientras siguen tratando de cogérsela con papel de fumar, buscando con la linterna de Diógenes un hombre que les avale el pringue ese del Auditorio (a 100 millones de euros la cacicada), y ya han encontrado uno al que tanto le da 704 como 927.
El resultado de todo esto no es más que la constatación de que la incapacidad o malicia de los gobernantes locales ha conseguido que Vigo esté regido, en la práctica, por los tribunales de justicia y las autoridades civiles de mayor rango. Lo de la complicidad sindical en la presunta ilegalidad daría para mucho más, empezando por la incontinencia verbal del desafortunado presidente del comité de empresa, tratando de dirigir las sospechas hacia su correligionario el Delegado del Gobierno porque éste se ha dado prisa en requerir al Ayuntamiento.
La duda metódica sobre si ese sindicalista es un insensato o un ignorante se revela recurrente, porque supongo que debiera saber que el Delegado del Gobierno está obligado a recurrir al Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses y, naturalmente, es del todo correcto que le ofrezca al Ayuntamiento el máximo plazo posible para que arregle el desaguisado. O lo sabe y es un insensato, o no lo sabe y es un ignorante. Pero no es el único que sabía que la cosa no podía colar, aunque lo que no sé es cómo han conseguido convencer a los representantes ciudadanos para que aprobasen una ilegalidad. O sí.
O sea que, ahora mismo, no sólo no nos gobierna Corina, que presenta los presupuestos con trampas y meses de retraso, sino que su equipo está empeñado en que sigamos bajo la atenta vigilancia de los poderes superiores, a los que les regala continuamente material de gobierno de la ciudad para su reparación y puesta punto.
Urge, sin que quepan disculpas, conseguir una administración local algo más limpia, transparente y, sobre todo, conveniente para la ciudad, y no esto que ahora tenemos, que viene siendo un “viva Cartagena” y el que venga detrás que arree.
Creo que a algunos habría que decirles que unas elecciones no dan derecho a que hagan de su capa un sayo; que las leyes están para ser cumplidas; que los técnicos son salvaguarda del cumplimiento de la legalidad, y no un manojo de grelos de entre los que sacar los que más nos gusten, y que los ciudadanos, a veces, nos enteramos de cosas, y si no, pues para eso les pagamos los sueldos, las comisiones, las intervenciones, los desplazamientos, las dietas y, en su caso, las “coimas”.

¿Hay alguien por ahí que se lo diga a Corina-al-Rashid, a Figueroa-Iznogood, a Látigo-Toba y a Juste-Oído Fino?