Cuando pase la calor

Una de las cosas que más me intrigan es esa enorme dificultad para encontrar responsables personales de infringir la ley en materia urbanística. Vamos a dejar de lado cualquier tentación de interpretaciones jurídicamente correctas, para fijarnos en lo que podrían ser, simplemente, deducciones lógicas. Antes de nada convendría decir que si los actos de la justicia necesitan profesionales de la interpretación, mala administración de justicia es esa, porque es exigencia de la justicia que, según la Constitución, emana del pueblo, ser comprendida por quienes son sus beneficiarios. Y mala justicia será la que resulta difícil de comprender por ese pueblo que la legitima.
Nuestro semialcalde se ha salido por el registro de airear los nombres de quienes han intervenido en la concesión de licencias que se han revelado ilegales. Claro que en su condición de representante político su anuncio se refiere a eso tan indefinible que son las "responsabilidades políticas" y, naturalmente, la forma en que se asumen.
Pero la gente, usted o yo, necesita saber que quien la hace la paga y que alguien (no algo, como un Ayuntamiento) tiene que ser responsable de los actos que precisan de seres humanos para llevarse a cabo. En pocas palabras: que si hay una ilegalidad en la concesión de una licencia, ha de haber algún responsable personal que tenga que dar cuenta a la justicia de sus actos. Que sean políticos o técnicos quienes resulten responsables es obligación de la justicia determinarlo. Que se dé con ellos es una exigencia ciudadana.
Lo preocupante de esta vía para sortear la ilegalidad es que los actos personales o corporativos de unos pocos acaban por tener que pagarse por todos; ya sea asumiendo indemnizaciones que nos dejarían en números rojos, ya sea forzando la ley para evitarlas y, por consiguiente, tener que sufrir las ilegalidades cometidas.
Es verdad que, para exigir responsabilidades personales es preciso determinar sin duda alguna quienes, y en qué medida, han intervenido en la comisión de la ilegalidad. Pero sigue siendo curioso comprobar que resulta casi imposible tal cometido, según nos demuestra la experiencia.
No otra cosa es lo que esta ciudad lleva soportado desde hace ya ni sé cuántos años. Aquí, cada Plan General, al menos desde 1988, sufre más carga legalizadora que otra cosa. Cada PXOM carga sobre sus espaldas con la urgencia de dar cobertura legal a lo que los tribunales de justicia han considerado una ilegalidad. Así, cada acto ilegal en materia urbanística deja sin responsabilidad, ni penal ni civil, a quienes lo cometieron.
La situación, aunque resulte duro decirlo, es una invitación a la comisión de otras ilegalidades, por culpa de la convicción ciudadana de que, una vez cometido el desafuero, ya no hay nada que hacer. Es el caso del controvertido Plan General de Nigrán: conscientes los vecinos de que, si llegaba a celebrarse el pleno, las barbaridades especulativas del documento cobrarían forma edificatoria, cortaron por lo sano e impidieron la celebración del pleno con el que los especuladores esperaban campar a sus anchas. Sabían también que cuando años después se declarase su ilegalidad ya se habría encontrado la fórmula legalizadora, o la ejecución de la sentencia produciría eso tan antijurídico de que el remedio cause más perjuicio que el delito. Así que no es difícil entender lo de los vecinos de Nigrán como un acto de pura coherencia.
En este caso habría que admitir que se ha llevado hasta sus últimas consecuencias esa seguridad de que los ciudadanos no siempre pueden dejar en manos de la administración de justicia la defensa de sus legítimos derechos, con lo que se abre una peligrosa senda que urge cerrar devolviendo a su cauce la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Que ahora Caballero se salga por el demagógico registro de publicar la lista de quienes intervinieron en la concesión de las ilegales licencias que siguen dejando el urbanismo vigués en manos de los tribunales de justicia, no deja de tener su coña, aunque bienvenido sea, a pesar de que supone el reconocimiento de que no hay manera de exigir responsabilidades penales.
¿Saldrán a la luz los nombres de los concejales que votaron a favor de esas ilegalidades?, ¿los de los que se abstuvieron sabiendo que ello suponía apoyar el resultado a favor de la ilegalidad?, ¿los de los técnicos que informaron?
¿Con qué nos sorprenderá el semialcalde cuando pase la calor?
Pero, ¿nos sorprenderá?