¿Servicio público o privado?

La ciudad, las ciudades crecen. los pueblos del interior agonizan. Ocurre en todo el planeta. Las gentes necesitan alcanzar aquello que el mercado ofrece con tanta insistencia publicitaria. Los movimientos migratorios nos definen; intentar detenerlos es ir contra la condición misma del ser humano (los poetas lo cantan: vivir es transitar).
La ciudad, a lo largo de toda su historia, no cesa de redefinirse, de reconstruirse. Su zona más efervescente siempre está en los bordes ¿hasta dónde es ya Naturaleza y hasta dónde ya Urbe? Las lindes, desde el derribo de murallas, se difuminan cada vez más y cada vez más esta zona difuminada representa el área más extensa de lo que damos en llamar la ciudad, el área de las decisivas actuaciones.
Estamos en elecciones a gestores de la ciudad. Estos gestores organizados en partidos nos venden, de manera muy desigual en cuanto a medios —tal vez todas las candidaturas deberían manejar el mismo presupuesto publicitario—, lo qué van a hacer, si ganan.
A estas alturas de la civilización resulta bastante obvio el qué necesita la ciudadanía: dar cabida a su existencia y deseos. Pero las personas que aspiran a gestionar la ciudad no nos dicen cómo piensan gestionar. Y es este cómo lo que en verdad puede dar interés a votar por determinada candidatura. Tal vez, si persisten en campañas obsoletas y vacuas, algunas personas nos sentiremos inclinadas a no votar o a hacerlo en blanco.
Los medios de comunicación nos están 'contando' muy sesgadamente las excelencias de cada candidatura, de alguna de éstas ni tan siquiera nos dan noticia; y me pregunto ¿quedará alguna noticia que no sea de alguna manera 'publicidad remitida-pagada' bien sea en dineros o especies?
Democratizar el presupuesto de las campañas electorales. La publicidad electoral debería ser pagada públicamente, y cada candidatura disponer del mismo presupuesto económico. Lo que está ocurriendo es que siempre gana los que más dinero 'representan'; y estamos tratando de elegir a quién nos represente en tanto que ciudadanos y no en cuanto titulares patrimoniales.
Los ciudadanos necesitamos conocer en las mismas condiciones a aquellos/as que aspiran a representarnos en la gestión de la cosa pública.