
La moción de censura de Gondomar pone, de nuevo, sobre la mesa la debilidad democrática de la Ley Electoral: los escaños son de las personas que los ocupan, no del partido que hizo posible esa ocupación.
Frustrados por la lejanía del horizonte especulativo que atisbaban con la corporación anterior, los adoradores del ladrillo han iniciado la ofensiva antes de que les frustren sus pelotazos y se han alzado con el gobierno municipal surgido de las urnas. Importan poco los "argumentos" esgrimidos para tal acción, porque lo que en el fondo se percibe es lo dicho antes.
Entre tanto, los partidos políticos en cuyas listas figuraban los tránsfugas siguen tan contentos haciéndose lenguas sobre su pacto antitrasfuguismo, aunque tengan tan claro como cualquiera que no sirve para nada, como quedó demostrado, sin ir más lejos, en el caso de Mos.
Pero ni una palabra acerca de la modificación de la Ley Electoral, que adjudica la propiedad del escaño a los titulares personales de cada puesto de elección, como si los votantes hubieran sido invitados a elegirlos personalmente. Pero los electores no tienen posibilidad de elegir personalmente, porque las listas cerradas son confeccionadas (en la forma que sea) por los partidos, que no dan la oportunidad de modificación que ofrecerían, por ejemplo, las listas abiertas.
Pero ya, poniéndose la venda antes de la herida, el ínclito
presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán (nada sospechoso de trapacerías ladrillistas, por cierto), se ha apresurado a aclarar que no se pueden considerar traánsfugas
"¡porque son mayoría!". Claro que ello no le impide justificar la baja "voluntaria" en el PP de los concejales de este partido en Gondonmar
"para evitar con la moción de censura cualquier perjuicio a un partido del que se siguen considerando parte".
Pero, claro, prudencia obliga, y
el mencionado ex conserje se cura en salud diciendo lo que, en realidad, todos piensan:
"Tendremos que esperar al dictamen de los expertos, pero hablamos de términos políticos que los vecinos no entienden".
Y ahí está el quid de la cuestión: ellos son los reyes del aire, los intérpretes únicos de lo que es política, no esos indocumentados que sólo sirven para poner papeletas en las urnas cuando son llamados a ello.
Nos guste o no, estamos en manos de quienes han logrado retorcer el significado de la palabra política hasta que se ajustase a sus particulares designios. Poco importa que los ediles sublevados deban su escaño al partido en cuyas listas se ofrecieron a los electores, porque la ley dice que la poltrona es suya. Poco importa que ello resulta una incongruencia que permite, por ejemplo, alzarse con un cargo representativo con el esfuerzo de un partido, para seguir en el machito contraviniendo las normas internas de la formación política sin cuyo concurso jamás habrían estado en condiciones de censurar nada. Basta con darse de baja aunque se sigan
"considerando parte" de una formación que, en el fondo, se complace con su deserción, para el caso de que no la haya impulsado para soslayar acusaciones de incumplir el pacto antitrasfuguismo.
Tal y como se están poniendo las cosas, los actuales muñidores de la política local habrán de ser considerados responsables directos de cualquier insurrección popular como la que dio al traste con la maniobra especulativa del Plan General de Nigrán.
Claro que, como dice un viejo aforismo, "perro no muerde a perro".